Aunque es la cuarta potencia económica de América Latina, Colombia sigue sufriendo una gran desigualdad social, fruto de la política de las últimas décadas. Como su principal actividad es la exportación de productos básicos, su economía también está sujeta al impacto de los precios internacionales de estos productos. Una de las mayores dificultades del país es seguir siendo fiable con los acreedores internacionales, estando sometido a diversas formas de presión económica externa en situaciones de crisis. Con la pandemia de Covid-19 en 2020 el país sintió un impacto muy grande, que interrumpió la expectativa de crecimiento del año anterior y provocó una situación delicada para el gobierno.

Motivación de las protestas

El 15 de abril se presentó en el Congreso un proyecto de reforma fiscal. El objetivo central era aumentar la recaudación de impuestos para mantener los programas de bienestar y garantizar la fiabilidad del país ante los financiadores externos. La forma en que se ha presentado la propuesta afectará de manera desproporcionada a las clases más pobres y a la clase media. Los principales cambios consistieron en reducir los ingresos mínimos para la recaudación del impuesto sobre la renta y aumentar los impuestos sobre los servicios básicos. Ante el descontento de varios sectores organizados de la sociedad, el gobierno retiró la propuesta de la votación y se comprometió a elaborar un proyecto más oneroso para las clases altas, pero otros factores acabaron dando fuerza a las protestas. Entre los principales están la violencia policial y la desigualdad económica que ya sufre el país. Un tercer factor es también la acción truculenta del actual gobierno en las regiones con mayor injerencia del narcotráfico, que va en contra de una propuesta de acuerdos y transformaciones hacia una sociedad más pacífica idealizada hace 5 años. Junto con las manifestaciones en las calles, se han iniciado algunas huelgas y hay un amplio movimiento en los medios digitales.

Contradicciones de la reforma

Aunque la propuesta de reforma estaba motivada por la inyección de dinero público en proyectos que beneficiarían a las clases más pobres, la población seguía siendo escéptica sobre la cuantía de estos beneficios. El país sigue una política de austeridad, siendo el actual presidente Iván Duque un gran aliado del sector privado. Además, parte de la propuesta inicial, aunque más costosa para la clase media, afectaría indirectamente a toda la población más pobre, con el aumento de los precios de los servicios, muchos de ellos esenciales. Un aumento del precio de la gasolina, por ejemplo, repercute directamente en el valor final de los productos en general. La reforma fue recibida como un acto de malabarismo para no golpear a las partes más ricas del país, como una redistribución de recursos, pero sólo en las capas más pobres.

Repercusiones inmediatas

Después de la retirada de la propuesta cuatro días después del inicio de las protestas, el primer cambio que sintió la administración federal fue la renuncia del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, un neoliberal ortodoxo y gran representante de la visión económica del actual gobierno. Esto no fue suficiente para apaciguar las manifestaciones, que apuntan al clientelismo político y económico de todo el gobierno. El uso de diversos dispositivos de represión estatal, especialmente la truculencia policial, hizo que las protestas cobraran aún más fuerza.

Violencia policial

Las protestas comenzaron el 28 de abril, cuando se produjo la primera muerte de un civil. El epicentro de los enfrentamientos fue la ciudad de Cali, pero los episodios de violencia se han extendido por todo el país. Los registros oficiales ya apuntan a más de 30 muertos y 800 heridos. Otras ciudades adyacentes también han sido militarizadas recientemente como forma de frenar las protestas. Incluso en ciudades que han rechazado la militarización, como Bogotá y Medellín, los soldados circulan por las calles por orden federal. La violenta reacción de la policía, incluso ante protestas pacíficas, ha sido criticada internacionalmente por varias instituciones de derechos humanos. Como justificación, el gobierno insinuó que miembros del crimen organizado se estaban infiltrando en las protestas, calificándolas de "terrorismo urbano". La estrategia de criminalización de los movimientos sociales es común a los gobiernos autoritarios, como se observa en otros países de América Latina, incluido Brasil.

Los vídeos registran situaciones de agresiones desproporcionadas por parte de la policía, incluso contra mujeres, niños y ancianos. También se informa del uso de armas letales, destacando la publicación del vídeo del asesinato de un manifestante con dos disparos por la espalda. La policía reaccionó incluso con disparos contra los balcones de los pisos donde había personas que apoyaban las protestas. Los informes también incluyen la quema de viviendas utilizadas como refugio contra las fuerzas policiales y el tiroteo de miembros de consejos y comisiones convocados para verificar las denuncias de abusos. Ya hay más de 10 registros de agresiones sexuales contra mujeres, otra estrategia habitual de los gobiernos militarizados contra sus poblaciones.

Contradicciones del Gobierno

No sólo en el ámbito federal, sino que algunos gobernadores y alcaldes departamentales se sumaron al discurso de que organizaciones criminales nacionales e internacionales estarían detrás de la organización de las protestas, que calificaron como actos delictivos. Hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba. Se sigue deteniendo e incluso deportando a personas bajo esta acusación, y también aumenta la escalada de represión violenta, desencadenando los procesos de militarización en más regiones del país. Es posible que el gobierno de Iván Duque haya encontrado en esta situación la oportunidad de forjar la necesidad de una intervención violenta dirigida a sectores de la sociedad con los que ya tiene fricciones. En las regiones donde hay influencia del narcotráfico, el gobierno ya venía actuando de forma violenta con la población y sobre todo con los líderes civiles.

Impacto directo en la sociedad

Aunque mucha gente está saliendo a la calle, el país sigue enfrentándose a la situación de pandemia y una gran parte de la población permanece en casa, apoyando las protestas por medios digitales. Sin embargo, además del impacto económico que ya ha sufrido el país, las restricciones a la circulación han provocado el corte del suministro de alimentos en algunos comercios. La escalada de violencia impulsada por el propio gobierno ha hecho que la gente viva una rutina de miedo que ya existía antes de la propuesta de reforma fiscal.

Censura y distorsiones

Los grandes medios de comunicación del país han publicitado las protestas como si fueran un apoyo a las reformas, tratando de orientar a la opinión pública a favor de las decisiones del presidente y del Congreso. En las calles, los policías han actuado a menudo sin identificación y encapuchados, lo que dificulta su reconocimiento. Se han denunciado agresiones y difamaciones a periodistas, así como la incautación de material por parte de la policía. En medio del crecimiento de las denuncias de la población hechas a través de internet y la difusión de videos o pedidos de ayuda, el servicio de internet fue interrumpido extraoficialmente en la ciudad de Cali el pasado 5, según un informe de NetBlocks.

El fascismo en alza

Colombia también ha organizado grupos conservadores de extrema derecha en su territorio, que ahora apoyan al gobierno y a las fuerzas policiales. Una de las precauciones establecidas por la mayoría de las protestas organizadas por la sociedad civil consiste en la vigilancia para evitar la entrada de estos grupos, que refuerzan la agresión policial y atacan directamente a los manifestantes haciendo uso de las armas, o infiltrando a la gente para iniciar conflictos y justificar una respuesta policial agresiva.

Anonymous
La atención internacional fue atraída desde las redes sociales por el hashtag #SOSColombia, utilizado como marca para las denuncias y vídeos que registran el uso de la fuerza excesiva y desproporcionada por parte de la policía. Ante este escenario, células anónimas de varias partes del mundo iniciaron ataques a los sistemas del gobierno colombiano, lo que provocó la filtración de datos, entre ellos los del gobierno de Cali, la Corte Constitucional y el Ministerio de Justicia. Las actualizaciones de estas acciones pueden seguirse con el hashtag #OpColombia. Varias cuentas asociadas a Anonymous declaran su apoyo a las manifestaciones populares, en oposición a la truculencia policial y a los movimientos organizados de extrema derecha que también han comenzado a atacar a la población.

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